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El teatro ha abierto sus puertas, la función se llama Rabia. ¿Qué está pasando en Guatemala?

Puedes leer la traducción de este artículo en catalán.

Proclama revolucionaria ante el Congreso de Guatemala. Imagen de Ana Pardo López


Hace ya un mes que comenzaron las movilizaciones y protestas contra el Gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala. Los y las manifestantes piden la renuncia del presidente y de varios diputados y denuncian la corrupción e impunidad que vertebran el país.

El pasado 18 de noviembre a las 05.30h. de la madrugada, el Congreso de la República de Guatemala votó a favor del presupuesto de Estado 2021. Este presupuesto aprobado con “nocturnidad y alevosía”, contempla un aumento significativo en el gasto en comida y transporte de los diputados y diputadas, a la vez que la disminución en partidas de sanidad, educación y Derechos Humanos, como por ejemplo el recorte de unos 200 millones de quetzales, 23 millones de euros, destinados a programas contra la desnutrición, en un país en el que, según UNICEF, el 49,8% de los niños y niñas sufren desnutrición crónica.

Desde que se dio a conocer la noticia hace un mes, diferentes movimientos y organizaciones de la sociedad civil guatemalteca mostraron su rechazo y se unieron en una convocatoria de manifestación en todas las plazas del país. Alrededor de 10.000 personas se congregaron de manera pacífica en el Parque Central o Plaza de las Niñas de Ciudad de Guatemala, con banderas nacionales y carteles de protesta. Finalmente, los enfrentamientos entre la policía y algunos grupos de manifestantes en calles aledañas dieron rienda suelta a la represión que acabó con gas lacrimógeno en la plaza, varias personas heridas, entre las cuales dos jóvenes perdieron un ojo y 40 personas detenidas, puestas en libertad en días consecutivos por falta de pruebas. Concentraciones pacíficas, más minoritarias y descentralizadas se han ido repitiendo en días consecutivos.

Horas antes de que diera comienzo la primera manifestación -el sábado 21 de noviembre, a las 14h- un grupo relativamente pequeño de manifestantes consiguió prender fuego al edificio que alberga el hemiciclo, sin oposición aparente de las fuerzas de seguridad del estado. Entre los objetos del interior que se quemaron destaca el retrato de Efraín Ríos Montt, exdictador condenado por genocidio en 2013. A pesar de que el congreso se sitúa en el centro de la ciudad a apenas tres cuadras del Parque Central, donde estaba convocada la manifestación, la policía y los bomberos tardaron más de 10 minutos en llegar al lugar. El siguiente sábado, de nuevo se produjeron altercados que eclipsaron la manifestación pacífica mayoritaria que tenía lugar en la plaza. En esta ocasión, un autobús urbano fue incendiado en una de las esquinas del Palacio Presidencial, acordonado a primera hora de la mañana por la policia con pañuelos azules y blancos en símbolo de unión y paz.

La violencia estatal, cuya última muestra ha sido la aprobación de un presupuesto asesino, resuena en forma de rabia legítima en las gargantas de los y las manifestantes.

Ambos actos incendiaron también las redes y medios de comunicación, consiguiendo el rechazo de parte de la población que, sin embargo, sí comparte las demandas de las protestas. Esto se ha reflejado en el descenso del número de manifestantes que se concentraron en las plazas los sábados siguientes. El análisis que acontece ha de contemplar por un lado las voces que denuncian desde dentro de las protestas la presencia de “infiltrados” que incentivan actos de vandalismo, como la destrucción del altar en honor a las 41 niñas quemadas en un hogar de acogida estatal o los ataques a varios periodistas. Estos infiltrados serían miembros de pandillas contratados por el Estado, algo que quizá no sorprenda sabiendo el nivel ético del presidente, quien fue acusado de ordenar ejecuciones extrajudiciales en el caso Pavo Real. Por otra parte, la violencia estatal, cuya última muestra ha sido la aprobación de un presupuesto asesino, resuena en forma de rabia legítima en las gargantas de los y las manifestantes, por lo que personalmente no me atrevería a negarles la autoría de aquellos actos destructivos cuyo fin último es destruir un sistema podrido. 

Guatemala es un país centroamericano, situado entre México, Honduras y El Salvador. Es un país multiétnico, pluricultural, constituido por 23 grupos etnolingüísticos, con una población de unos 15 millones de habitantes. El 66,7% de la población guatemalteca vive en situación de pobreza, y tan solo el 34,7% está ocupada en el sector formal. Aunque su economía es la mayor de Centroamérica, sigue ocupando el puesto 126 de 189 países en el  Índice de Desarrollo Humano (IDH) y es uno de los países más desiguales del planeta, tal y como lo refleja el hecho de que el 10% de la población más rica concentra casi el 40% de la riqueza, frente al 13,1% de la riqueza controlado por el 40% de la población más pobre. El nivel de violencia y la inseguridad que experimenta la población guatemalteca se muestra en los múltiples tipos y expresiones de violencia, desde la alta tasa de homicidios (16,6 por 100.000 habitantes), la explosión del crimen organizado, el surgimiento y crecimiento imparable de las pandillas juveniles –las “maras”–, el auge de los cárteles del narcotráfico, los asesinatos de defensores y defensoras de los Derechos Humanos y el territorio y, por supuesto, el feminicidio. Destacan los movimientos migratorios tanto internos, del campo a la ciudad, como internacionales, mayoritariamente hacia Estados Unidos, un fenómeno que determina las relaciones sociales, políticas y económicas del país. Su historia colonial, la independencia de 1821, el movimiento revolucionario de 1944, la consecución de dictaduras militares y el conflicto armado interno que asoló el país entre los años 1960 y 1996, marcan todavía la realidad de Guatemala. 


Ana Pardo López, graduada de Filosofía, Política y Economía. Lleva nueve meses viviendo en Guatemala (como el COVID-19), donde trabaja de gestora cultural para el Centro Cultural de España en Guatemala.

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